Riesgos Naturales

José L. González / ICOG

Seis de los más destacados geofísicos y geólogos italianos están siendo investigados por un posible delito de homicidio en relación con el terremoto de L’Aquila (Italia), de 6 de abril 2009. El terremoto causó 309 muertos, 1600 heridos y más de 65.000 personas sin hogar. La fiscalía estudia imputar a los científicos, algunos de ellos miembros de la Comisión de Grandes Riesgos, junto a funcionarios de la protección civil, por no haber alertado a los ciudadanos antes de que se originara el terremoto que destruyó la ciudad. Entre los científicos que podrían ser acusados se encuentra Franco Barberi, profesor de vulcanología de la Universidad de Roma, Enzo Boschi, presidente del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, y Giulio Selvaggi, director del Centro Nacional de Terremotos.

La secuencia sísmica, previa al terremoto principal, comenzó durante el mes de febrero de 2009 y fue considerada normal, sin que se estimase un riesgo elevado para la población. Pero la fiscalía considera que debería haberse informado a los ciudadanos de la situación de riesgo para que adoptasen medidas de protección en los edificios públicos que tenían problemas estructurales. Por ejemplo, en la residencia de estudiantes en la que fallecieron decenas de jóvenes. Otros edificios públicos que resultaron dañados también habían sido evaluados con anterioridad en relación con su vulnerabilidad. De hecho, en 1999 se publicó el denominado Informe Barberi, estudio sobre la vulnerabilidad de edificios públicos, estratégicos y esenciales, en donde se concluía que muchos edificios de la región de Abruzzo resultarían destruidos en caso de terremoto.

La comunidad científica internacional ha iniciado un movimiento en defensa de los científicos investigados, argumentando que los terremotos no se pueden predecir. Se puede educar a la población y construir edificios más seguros pero no es posible determinar en qué momento puede producirse un terremoto destructivo. En realidad, la fiscalía que ha iniciado el proceso se ha centrado en investigar las declaraciones públicas emitidas por la Comisión de Grandes Riesgos. Se trata de conocer si se cometió algún tipo de imprudencia o de negligencia al no informar detalladamente sobre el grado de riesgo sísmico que existía antes de producirse el terremoto catastrofico. La polémica está servida.
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