Riesgos Naturales

José L. González / ICOG

Hace pocos días se confirmó el procesamiento de varios científicos que formaban parte de la Comisión Nacional de Grandes Riesgos, de Italia, órgano consultivo que asesoraba a las autoridades públicas durante la crisis que precedió al terremoto que destruyó la ciudad de L’Aquilla en el año 2009.

Los imputados han sido acusados de homicidio involuntario por su actuación informativa durante la crisis sísmica. Según la fiscalía, los científicos restaron importancia a la posibilidad de que se produjera un seísmo destructivo, realizando “una valoración del riesgo aproximativa, genérica e ineficaz”, y facilitaron a la población “informaciones imprecisas, incompletas y contradictorias”

Por su parte, los científicos han criticado las actuaciones judiciales. Señalan que cada año se producen cientos de sismos en Italia. Advierten que podrían producirse alarmas injustificadas si cada vez que se produce actividad sísmica se alertase a la población. También critican el fundamento científico de la imputación, ya que el conocimiento científico actual no permite predecir terremotos.

Pero Vicenzo Vittorini, presidente de la asociación de víctimas del terremoto de L’Aquilla, cuya esposa e hija murieron en el terremoto, declaró recientemente a los medios que no es un proceso a la ciencia. “Sabemos que el terremoto no podía predecirse y que la evacuación no era una opción”, dijo Vittorini”, “pero necesitábamos una información más clara sobre los riesgos con el fin de poder adoptar nuestras decisiones”.

Lo cierto es que poco antes de producirse el terremoto que destruyó L’Aquilla, el subdirector del Servicio de Protección Civil, De Bernardinis, apareció en la televisión diciendo que la comunidad científica le había comunicado que no había peligro ya que se estaba produciendo una descarga de energía. Sin embargo, los científicos niegan que realizaran este tipo de apreciaciones y responsabilizan de la tragedia a la mala aplicación de las normas de construcción antisísmica.

El juicio se celebrará el 20 de septiembre.

José Luis González / ICOG

El terremoto de Lorca ha puesto de manifiesto aciertos y fallos en la forma de gestionar el riesgo sísmico. Entre los aciertos, merece destacarse el avance que se ha producido en España en materia de protección civil. Entre los fallos, es ineludible señalar la necesidad de mejorar las normas de construcción en zonas sísmicas y la educación a la ciudadanía para hacer frente a situaciones de riesgo.

La ley de protección civil, promulgada hace más de 25 años, ha sido capaz de establecer un marco organizativo y de planificación adecuado para hacer frente a las situaciones de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública que puedan presentarse. Así, en el ámbito del riesgo sísmico se han estableciendo diferentes planes de actuación, tanto a nivel estatal como de las comunidades autónomas más afectadas por este riesgo (Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía, País Vasco, Extremadura e Islas Baleares). Además, el Gobierno ha creado la Unidad Militar de Emergencias, cuerpo de élite de las Fuerzas Armadas desplegada por toda la geografía española, para responder ante cualquier emergencia grave en un tiempo breve y con toda su efectividad.

Pero en el ámbito preventivo los progresos en materia de gestión del riesgo sísmico han sido más modestos porque, aunque se dispone desde los años setenta de una normativa de construcción sismorresistente, cuya última edición data del año 2002, no parece que esta norma haya podido evitar la caída de muchos elementos no estructurales de los edificios durante el terremoto de Lorca. También es cierto, sin embargo, que el propósito de este tipo de normativa es proporcionar unos criterios y recomendaciones, de modo que su aplicación al diseño dote a las estructuras de suficiente sismorresistencia para que las construcciones puedan evitar el colapso ante las sacudidas más fuertes previsibles, con una probabilidad razonable, aunque con posibles daños.

Otro aspecto que se debe mejorar es el relacionado con la información y formación a los ciudadanos sobre sus pautas de comportamiento en el momento de un terremoto e inmediatamente después de ocurrido. Es imprescindible impulsar y perfeccionar programas de educación ciudadana y de concienciación social sobre riesgos naturales fomentando, por una parte, la implantación de campañas específicas y permamentes de información y concienciación en centros escolares, medios de comunicación, organizaciones de protección civil, etc. Y por otra parte, es necesario reforzar los contenidos de las materias relativas a las ciencias geológicas, integrándolas en los planes de estudio para garantizar la comprensión de fenómenos como los terremotos u otros procesos extremos y sus posibles consecuencias.

Serie Terremoto NE Lorca (IGN) aquí

Informe geológico preliminar del terremoto de Lorca (IGME): aquí

Protegiendo a su familia de los terremotos (USGS): aquí

Decálogo del ICOG para minimizar el riesgo sísmico en España: aquí

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José Luis González / ICOG

Todavía recordamos el efecto del volcán Eyjafjallajökull (Islandia) en abril de 2010. Las nubes de cenizas emitidas durante esta erupción se esparcieron por casi todo el continente europeo. Durante varios días, el tráfico aéreo resultó gravemente perturbado, ya que la entrada de partículas en las turbinas podía bloquear los motores de las aeronaves. Miles de vuelos tuvieron que ser cancelados. Esta erupción volcánica es uno de los mejores ejemplos para poner de relieve el impacto de los peligros geológicos sobre infraestructuras y servicios esenciales para la sociedad.

Hace pocos días, un fuerte terremoto de magnitud 9.0 en la escala de Richter, ocurrido a 130 kilómetros al este de Honshu (Japón), y el posterior tsunami que devastó la costa oriental de la isla, impulsó la mayor emergencia nuclear acaecida en el mundo desde el accidente de Chernobyl (Ucrania). Varios reactores de la central nuclear de Fukushima resultaron gravemente afectados. Otras infraestructuras críticas, como las terminales portuarias, las redes de energía, las comunicaciones terrestres y el suministro de agua, sufrieron una destrucción severa. Es indudable, que los efectos de la crisis humanitaria se han amplificado a consecuencia de estos impactos.

Nos encontramos ante un cambio de paradigma en la consideración de las catástrofes naturales. Fenómenos geológicos como terremotos, tsunamis o volcanes, actúan como drivers, modelando los riesgos socioeconómicos y las amenazas a las infraestructuras críticas. Ya no hay catástrofes naturales sino catástrofes complejas de dimensiones múltiples. En la actual catástrofe de Japón se muestra una secuencia clara en este sentido.

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José. L. González / ICOG

Hemos tardado 2500 años en saber que, quizás, la leyenda de la Atlántida relatada por Platón tuvo su origen en un tsunami que destruyó la civilización minoica. Pero ayer, en menos de una hora, podíamos compartir a través de internet y de la televisión los terribles efectos del terremoto y tsunami ocurridos en Japón.

No han sido eventos inesperados en la región. En términos geológicos, la placa tectónica del Pacífico se introduce debajo de Japón en la fosa oceánica situada al este de la isla de Honshu. Hay un proceso de interacción entre las placas del Pacífico y de Norteamérica. Este mecanismo produce movimientos relativos entre ambas placas a una velocidad de 83 milímetros al año y genera una elevada sismicidad. El tsunami es consecuencia del desplazamiento vertical de la falla que origina el terremoto.

Comentábamos hace unos días las tendencias observadas en el impacto de los desastres y destacábamos la necesidad de dotar a las sociedades de mayores fortalezas para incrementar la capacidad de resistencia y de recuperación ante estas situaciones. El terremoto ocurrido el 11 de marzo permite seguir esbozando nuevas reflexiones en esta línea.

Estamos ante un terremoto de magnitud muy elevada (8.9 Richter) que ha puesto a prueba la gran capacidad preventiva de Japón para hacer frente a desastres naturales. Probablemente, Japón es el país mejor preparado del mundo en construcción antisísmica, en sistemas de alerta temprana y en educación ante catástrofes. Ello hará que, aunque el número de víctimas sea muy elevado, no alcanzará la severidad de otros eventos similares. Pero las pérdidas económicas posiblemente serán muy altas.

Quizás, el terremoto y el tsunami de Japón nos muestran los límites de la prevención. Japón, un país desarrollado con alta tecnología y excelente preparación ante emergencias, también puede sufrir consecuencias severas derivadas de los riesgos naturales. El avance tecnológico y la creación de modernas infraestructuras supone un progreso innegable para la humanidad, pero también plantea importantes desafíos. En este sentido, es evidente que la creación de infraestructuras críticas, como las centrales nucleares, en zonas de alta peligrosidad geológica, conlleva riesgos añadidos en el proceso de planificación del territorio.

Los Geólogos podemos contribuir en este proceso, aportando información a los responsables de tomar decisiones para que las opciones que se adopten sean las más seguras.

José L. González / ICOG

En los próximos cien años la población de la Tierra se habrá duplicado. Un total de 12 mil millones de personas habitaran el planeta y el 60% de esta población vivirá en grandes megaciudades. Por desgracia, muchas de estas enormes urbes se encuentran situadas en los bordes de las placas tectónicas, que representan las zonas de mayor peligrosidad sísmica del mundo.

La distribución y frecuencia de los terremotos ocurridos en los tres últimos milenios es idéntica a la de los ùltimos tres millones de años. Pero el riesgo ha aumentado debido al crecimiento de las grandes concentraciones urbanas en zonas peligrosas. Y seguirá aumentando porque no es previsible que las grandes megaciudades vayan a ser reubicadas hacia otras áreas de menor peligrosidad. Por lo tanto, la única forma de mitigar el riesgo es constuir edificios más seguros. ¿Podremos hacerlo?

Disponemos del conocimiento para diseñar edificios que no colapsen con el paso de las ondas sísmicas. Es previsible que en los países desarrollados se edificará cada vez con mayor calidad y atendiendo a reglamentaciones de construcción sismorresistente. Pero el problema reside en que más de la mitad de las grandes megaciudades no solo están situadas en los bordes de las placas tectónicas sino, también, en los países más pobres del mundo.

La construcción de edificios sin criterios antisismicos en megaciudades situadas en bordes de placas es una forma de promover bombas de destrucción masiva

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José Luis González / ICOG

El próximo día 13 de noviembre se cumple el 25 aniversario de una de las mayores catástrofes ocurridas en la historia de Colombia: la erupción del volcán Nevado del Ruiz, en donde más de 25.000 personas perdieron la vida.

La erupción dispersó flujos piroclásticos en un área reducida alrededor del cráter. Estas emisiones provocaron el brusco deshielo de parte del glaciar existente en la cumbre. Se originaron unos 100 millones de metros cúbicos de una mezcla de agua, productos volcánicos, hielo y barro. Los flujos de lodo, que los vulcanólogos denominan lahares, según la terminología de Indonesia, se precipitaron por los valles arrastrando rocas y todo cuanto encontraron a su paso. La población de Armero quedó arrasada casi en su totalidad. Otras localidades, como Chinchiná o Mariquita, también sufrieron numerosas víctimas. Un total de 5.000 viviendas quedaron destruidas.

El mundo quedó conmovido por el impacto de la tragedia, especialmente ante las imágenes de devastación total que transmitieron los medios de comunicación. Un fotógrafo francés captó la imagen de una niña atrapada entre escombros y fango, que fue imposible rescatar. La foto dio la vuelta al mundo y, posteriormente, sirvió de inspiración en un cuadro de Helga Riebesehl, que representa la impotencia de los equipos de rescate para salvar la vida de las víctimas en los desastres.

El impacto mediático de la catástrofe explica la enorme reacción humanitaria de la comunidad internacional. Pero al no existir en aquel momento en Colombia una infraestructura adecuada de coordinación, para canalizar las peticiones y los suministros de urgencia, se produjeron graves disfunciones en la gestión de la catástrofe. Por otra parte, pocos días antes de la erupción se había perpetrado el asalto al Palacio de Justicia por un grupo de un movimiento insurgente. Este hecho motivó que el Ejército se mantuviera concentrado en la capital. Las capacidades militares para colaborar en las operaciones de rescate fueron bastante limitadas.

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José L. González / ICOG
La población urbana ha experimentado un enorme crecimiento desde principios del siglo pasado. Actualmente, más de la población mundial vive en zonas urbanas, y dentro de 40 años el número de personas que habitará en ciudades alcanzará la cifra de 6.500 millones, lo que supondrá el 70% de la población mundial. Entre estos espacios urbanos, los más vulnerables son las denominadas megaciudades, urbes que alcanzan más de 10 millones de habitantes.

Por desgracia, las nuevas megaciudades que van surgiendo se encuentran situadas cerca de los límites de placas tectónicas y están sometidas a una alta exposición de riesgos naturales. Es previsible, por lo tanto, que en el futuro resulten afectadas por grandes catástrofes. Hoy día, ya existen megaciudades con una alta exposición al riesgo sísmico, por ejemplo, Teherán, con 13,8 millones de habitantes.

Sismológos iraníes han pedido al Gobierno la necesidad de cambiar la ubicación de la capital. También han estimado que medio millón de personas podrían perder la vida si un terremoto similar al de 1831 afectase de nuevo a la capital de Irán. Por su parte, el presidente Ahmadineyad ya ha advertido a los iraníes no solo de la posibilidad de un ataque militar de los Estados Unidos sino de la amenaza sísmica, indicando que al menos 5 millones de personas deberían evacuar Teherán para reducir el riesgo de catástrofe que se cierne sobre la ciudad.

José L. González / ICOG

Seis de los más destacados geofísicos y geólogos italianos están siendo investigados por un posible delito de homicidio en relación con el terremoto de L’Aquila (Italia), de 6 de abril 2009. El terremoto causó 309 muertos, 1600 heridos y más de 65.000 personas sin hogar. La fiscalía estudia imputar a los científicos, algunos de ellos miembros de la Comisión de Grandes Riesgos, junto a funcionarios de la protección civil, por no haber alertado a los ciudadanos antes de que se originara el terremoto que destruyó la ciudad. Entre los científicos que podrían ser acusados se encuentra Franco Barberi, profesor de vulcanología de la Universidad de Roma, Enzo Boschi, presidente del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, y Giulio Selvaggi, director del Centro Nacional de Terremotos.

La secuencia sísmica, previa al terremoto principal, comenzó durante el mes de febrero de 2009 y fue considerada normal, sin que se estimase un riesgo elevado para la población. Pero la fiscalía considera que debería haberse informado a los ciudadanos de la situación de riesgo para que adoptasen medidas de protección en los edificios públicos que tenían problemas estructurales. Por ejemplo, en la residencia de estudiantes en la que fallecieron decenas de jóvenes. Otros edificios públicos que resultaron dañados también habían sido evaluados con anterioridad en relación con su vulnerabilidad. De hecho, en 1999 se publicó el denominado Informe Barberi, estudio sobre la vulnerabilidad de edificios públicos, estratégicos y esenciales, en donde se concluía que muchos edificios de la región de Abruzzo resultarían destruidos en caso de terremoto.

La comunidad científica internacional ha iniciado un movimiento en defensa de los científicos investigados, argumentando que los terremotos no se pueden predecir. Se puede educar a la población y construir edificios más seguros pero no es posible determinar en qué momento puede producirse un terremoto destructivo. En realidad, la fiscalía que ha iniciado el proceso se ha centrado en investigar las declaraciones públicas emitidas por la Comisión de Grandes Riesgos. Se trata de conocer si se cometió algún tipo de imprudencia o de negligencia al no informar detalladamente sobre el grado de riesgo sísmico que existía antes de producirse el terremoto catastrofico. La polémica está servida.
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El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico. Se trata de un plan especial y de ámbito nacional, que establece la organización y procedimientos de actuación de los recursos y servicios del Estado necesarios para asegurar una respuesta eficaz del sistema de protección civil ante un terremoto de interés nacional.

Si bien el riesgo de seísmo en España es moderado, el potencial destructor de un terremoto es muy elevado. Por tanto, la eficaz asistencia a la población en una situación de emergencia provocada por un terremoto es uno de los mayores retos para los sistemas de protección civil. Una adecuada planificación en esta materia es esencial. (more…)

José L. González / ICOG

El diario publico.es reveló ayer que España esconde decenas de fallas activas, capaces de provocar terremotos destructivos, pero esta información no está convenientemente recogida en el mapa de peligrosidad sísmica, que solo dispone de datos obtenidos con sismógrafos en los últimos 100 años, y con el testimonio subjetivo de los historiadores en los últimos siglos, aunque este registro es incompleto debido a la destrucción de bibliotecas en la época de la Reconquista.

En el citado artículo también se recogen declaraciones del investigador del IGME Miguel Ángel Rodríguez Pascua. En relación con la ausencia de peligrosidad en las dos Castillas, Aragón, Madrid y la cornisa cantábrica, este investigador señala que “si en época romana hubo un gran terremoto y su periodo de recurrencia es de 2.000 años, podría volver mañana y no lo sabemos”.

Efectivamente, la investigación en tectónica reciente y paleosismicidad permite extraer información sobre el funcionamiento actual de las fallas y las estructuras asociadas, con el objetivo de obtener los parámetros sísmicos de las fallas que son necesarias para evaluar la peligrosidad sísmica. Estas investigaciones son indispensables para caracterizar las fallas sismogénicas en aquellos ambientes geotectónicos donde los ciclos sísmicos de las fallas tienen una duración superior a la del registro histórico.

Por lo tanto, es imprescindible profundizar en el estudio de los terremotos, no solo mediante geofísica y técnicas instrumentales, sino aplicando métodos geológicos que nos permitan ampliar el conocimiento sobre fallas activas con periodos de retorno más amplios.